| Grupos inmigrantes sopesan el boicot económico contra Arizona y exigen una reforma migratoria |
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La ley, promulgada el viernes pasado por la gobernadora Jan Brewer, ha desencadenado protestas a favor y en contra de una reforma que permita la legalización de doce millones de inmigrantes indocumentados. Durante una conferencia telefónica, los activistas advirtieron de una "crisis nacional" que hace más urgente que el Congreso corrija el maltrecho sistema de inmigración de EEUU. "No podemos esperar hasta el próximo año", enfatizó Stewart, quien describió paralelos entre este "histórico despertar" de la comunidad inmigrante y el movimiento por los derechos civiles de los años sesenta del siglo pasado. Rosa Rosales, presidenta de LULAC, dijo que todas las opciones están sobre la mesa, "desde acciones legales hasta un boicot económico". No serÃa el primer boicot para presionar por una reforma -ya hubo uno en 2007 con un "DÃa sin Inmigrantes"- pero los activistas quieren que la clase polÃtica tome en cuenta el creciente peso de la comunidad inmigrante. "Cada estado depende del turismo, de las convenciones, y creemos que si ellos (los polÃticos) le faltan al respeto a los latinos, entonces definitivamente no necesitan nuestro patrocinio", observó Rosales. También Ali Noorani, del Foro Nacional de Inmigración, y Clarissa MartÃnez, del Consejo Nacional de La Raza, apoyaron la idea del boicot, pero no precisaron cuándo ni cómo se realizarÃa. Angela Kelley, del Centro para el Progreso Estadounidense, señaló que es hora de que ambos partidos "resuelvan los problemas" y no actúen como "matones de patio de recreo". También el Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM) discute un posible boicot pero pide además "liderazgo presidencial sobre la reforma migratoria y un cese del obstruccionismo republicano", dijo a Efe Germonique R. Ulmer, portavoz del Centro para un Cambio Comunitario. La Asociación Nacional de Abogados de Inmigración ya ha cancelado su convención en Arizona, y otros grupos cÃvicos piensan hacerlo. La ley en cuestión convierte en un delito de menor cuantÃa la presencia ilegal en Arizona, exige que la policÃa pida papeles a quienes sospeche que son indocumentados, y prohÃbe la contratación de jornaleros indocumentados y el establecimiento de "ciudades santuario". Quienes no puedan comprobar su residencia legal en Arizona estarán sujetos a hasta seis meses de prisión y una multa de 2.500 dólares. Varios grupos civiles, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), MALDEF y la Asociación de Abogados de Puerto Rico, preparan una batalla legal contra la medida, que entrará en vigor en aproximadamente 90 dÃas. Hace 15 años, MALDEF logró derrotar la Propuesta 187 en California, que exigÃa prueba de residencia para acceder a los servicios públicos pero los jueces la declararon anticonstitucional. El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que la Administración Obama evalúa la ley de Arizona, "su impacto en los derechos civiles, y otras implicaciones". El reforzamiento de las leyes de inmigración es competencia única del Gobierno federal. Gibbs no precisó si la Casa Blanca respaldarÃa una querella legal, aunque reiteró que la inacción del Gobierno podrÃa dar pie a 50 leyes estatales de inmigración. Los partidarios de la ley aseguran que el estado necesita más protecciones de los crÃmenes cometidos por indocumentados, cuyo número ronda los 460.000 en Arizona. La marcha del próximo sábado, en el DÃa Internacional del Trabajo, servirá de plataforma para repudiar la ley de Arizona, según sus organizadores. Bookmark with:
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Grupos defensores de los inmigrantes dijeron hoy que sopesan un boicot económico y otras medidas de "resistencia" contra una ley que criminaliza a los indocumentados en Arizona, y reiteraron su exigencia de una reforma migratoria.